La Justicia ordenó frenar una licitación impulsada por el Gobierno nacional vinculada al mantenimiento de los espacios verdes de la Quinta de Olivos y la Casa Rosada. El contrato, valuado en cerca de 700 millones de pesos, quedó bajo revisión judicial tras una denuncia presentada por la diputada Marcela Pagano.
La medida judicial obliga al Ejecutivo a entregar el expediente completo de la licitación, en medio de sospechas sobre presuntas irregularidades en el proceso. Según la presentación realizada, las empresas que competían por el contrato tendrían vínculos entre sí y pertenecerían al mismo propietario, lo que generó cuestionamientos sobre la transparencia del procedimiento.
El caso vuelve a poner el foco sobre la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y suma tensión política dentro del oficialismo. Desde distintos sectores de la oposición reclaman explicaciones y mayor control sobre las contrataciones vinculadas a dependencias del Estado nacional.
