El hogar de menores Siand, en General Rodríguez, está siendo investigado a raíz de múltiples denuncias por presuntos maltratos y explotación infantil. En las últimas semanas, la Justicia realizó allanamientos y apartó a los directivos de la institución, donde asisten jóvenes de todas las edades que buscan una familia.
Las primeras denuncias datan de 2019, cuando el abogado Leandro Sigal representó a vecinos que aseguraban que los chicos estaban siendo maltratados en la casa quinta ubicada en Corrientes y Laris. Los pedidos para que se investigue el hogar fueron desestimados en ese momento y la causa se archivó.
A fines de febrero de este año, el reclamo se reactivó gracias a dos denuncias realizadas por excuidadoras del hogar, que se presentaron en la Comisaría de la Mujer de General Rodríguez y manifestaron haber sido testigos de los malos tratos que sufrían los menores. Lo hicieron de forma anónima y bajo identidad reservada.
Una de ellas dijo que a los chicos “los bañaban con agua fría” o “los metían a la pileta” para castigarlos. También contó que “los golpeaban por la espalda”, que le daban comida en mal estado y medicación vencida.
Por su parte, en la denuncia mencionan que a los nenes los obligaban a trabajar, cortando el pasto, levantando los desechos de los animales, paleando, entre otras actividades. “Eso es reducción a la servidumbre y explotación infantil. Queremos que se investigue como tal”, afirmó el abogado Sigal.
Las fotos fueron sacadas por los vecinos de la zona.
Las fotos fueron sacadas por los vecinos de la zona.
Otra de las versiones señala que algunas nenas habrían sido abusadas sexualmente. También mencionan que a los nenes, cuando se portaban mal, los castigaban metiéndolos en una especie de “calabozo”, una pequeña habitación cerrada con una reja parecida a una jaula.
El 4 de abril, los vecinos de la zona se autoconvocaron y realizaron una manifestación en las puertas del hogar. La directora del instituto llamó a la policía y los manifestantes tuvieron que retirarse del lugar. Habían llevado carteles con un pedido de justicia. “Con los chicos no”, decían las pancartas. Ese mismo día, aseguraron haber escuchado gritos de auxilio desde adentro.
El video fue publicado por una vecina
A partir de estas últimas denuncias, se inició una causa penal que tramita en la UFI N°9 del Departamento Judicial de Morón-General Rodríguez, a cargo de la fiscal Alejandra Rodríguez, quien dispuso una serie de medidas de prueba y un allanamiento.
Paralelamente, se abrió un expediente en la justicia civil, en donde interviene Mirta Guarino, titular del Juzgado de Garantías de Menores N°1. El lunes pasado hicieron una nueva inspección a partir de un habeas corpus presentado por la Comisión Provincial por la Memoria.
También intervino el Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia (OPNyA), el cual informó que desvincularon a las personas denunciadas y solicitaron medidas protectorias a la Justicia. Además, confirmaron que el personal del organismo va diariamente al hogar para controlar a las autoridades.
En un informe publicado la semana pasada aseguraron que, a simple vista, no se vieron “situaciones de maltrato” de los menores. De todas formas, confirmaron que “se abrió un espacio de escucha” de las supuestas víctimas.
Según informó Guarino, el organismo detectó “irregularidades”, que había más menores de los que el hogar podría cuidar, y dispuso que aquellos que no estén en pleno proceso de adoptabilidad o revinculación con sus familiares sean relocalizados en otros hogares.
También contó que los legajos personales están en condiciones de “precariedad” y solicitó que se hagan nuevas pericias médicas. “En general, los nenes están bien, pero hay testimonios de que sufrían maltratos. Eso lo está investigando la justicia penal”, aseguró.
