El Gobierno nacional decidió avanzar con la eliminación temporal de las retenciones al agro, al tiempo que postergó la implementación de la ley de emergencia en discapacidad, recientemente refrendada por el Congreso. La medida fue cuestionada por especialistas que la calificaron como un “populismo cambiario” orientado a estabilizar el dólar de cara a las elecciones de medio término.
Según informes privados, la quita de retenciones representará un costo fiscal equivalente a dos tercios de lo que implicaría financiar la ley de discapacidad. Mientras tanto, el Ejecutivo solicitó al Poder Legislativo que defina las partidas presupuestarias para cubrir la norma, lo que en los hechos detiene su aplicación. Para economistas, el contraste deja en evidencia la selectividad del ajuste y las prioridades políticas del oficialismo.
En paralelo, los mercados reaccionaron con entusiasmo a las negociaciones de Milei en Estados Unidos, donde Donald Trump le expresó respaldo político y se abrió la posibilidad de un auxilio financiero del Tesoro norteamericano. Sin embargo, la tensión social crece ante la contradicción de destinar alivio fiscal a sectores exportadores mientras se pospone la atención a grupos vulnerables como las personas con discapacidad.
