El fraude perpetrado en principio por el entonces titular del Ministerio de Infraestructura –Néstor Gabriel Bosetti- y funcionarios vinculados o que de él dependían (Enrique Antonio Páez), entonces Director General de Administración del Ministerio de Infraestructura de La Rioja, Ciro Ariel Montivero, Secretario de Obras Públicas a la fecha de los hechos-, y Carlos César Crovara, en ese entonces representante de Ministerio de Vivienda) mediante el cual se celebraron distintos convenios con fundaciones y asociaciones civiles para soslayar la normativa provincial en materia de compras y contrataciones, puesto que luego esas fundaciones elegían a su discreción a las empresas que las iban a llevar adelante sin subastas, concursos o licitación pública, tal como fuera denunciado por la PROCELAC.
Que las mismas tienen origen, a su vez, en la presentación de veintidós (22) reportes de operaciones sospechosas (ROS), formulados por el Nuevo Banco de La Rioja S.A., en su carácter de sujeto obligado de informar a la UIF conforme los arts. 20 y 21 de la ley 25.246, referidos a operaciones consistentes en significativas acreditaciones en cuentas de diferentes asociaciones y fundaciones, de fondos provenientes del gobierno de la provincia de La Rioja. En todos los casos, las acreditaciones eran retiradas en efectivo y sin justificación.
Ahora bien, en virtud de la prueba incorporada a lo largo de la investigación, que se describirá en detalle posteriormente en el presente capítulo, se desprende que durante el período que oscila entre los años 2013 y 2016, un conjunto de asociaciones civiles y fundaciones con escasa o nula actividad real habrían sido utilizadas como estructuras instrumentales para canalizar fondos públicos provenientes del Gobierno de la Provincia de La Rioja y remitidos por el Gobierno Nacional, bajo el pretexto de ejecutar programas sociales, obras comunitarias y asistencia a sectores vulnerables.
