En medio de una crisis económica asfixiante que afecta a millones de argentinos, el gobierno de Javier Milei demuestra una alarmante falta de prioridades al destinar recursos para recompensar a informantes que delaten a quienes participaron en la reciente marcha de jubilados. Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, hizo declaraciones sorprendentes al anunciar esta insólita medida, que parece más una cacería de brujas que una respuesta a las verdaderas demandas de la ciudadanía. Los pocos funcionarios que intentan sostener que «no hay plata» para los jubilados pero sí para perseguir a ciudadanos que protestan revelan una profunda desconexión con la realidad.
Este giro en la estrategia del gobierno pone de manifiesto su verdadera naturaleza: priorizar la represión y el control social por encima de la asistencia a los sectores más vulnerables. Mientras millones enfrentan dificultades extremas para acceder a los medicamentos y servicios básicos, el estado invierte esfuerzo y dinero en una campaña que solo busca intimidar y silenciar a aquellos que ejercen su derecho a manifestarse. La situación del fotógrafo Pablo Grillo, en estado crítico tras ser herido por la represión policial, es un claro indicador de cómo el gobierno ha optado por la violencia en lugar de atender las necesidades de su pueblo.
La utilización de recursos públicos para convertir a la ciudadanía en delatores es una estrategia que solo puede ser rechazada con firmeza. La burla del gobierno hacia los públicos más necesitados se apodera del discurso político, mientras que la urgencia de la crisis económica se ignora. Es un momento crítico donde la presión social se convierte en la única herramienta capaz de hacer frente a políticas tan reprochables. Argentina exige respuestas y acción inmediata, no vigilancia y hostigamiento.
EL GOBIERNO GASTARÁ EN «CAZAR» MANIFESTANTES MIENTRAS SE IGNORAN LAS NECESIDADES BÁSICAS
