Familiares de personas con discapacidad, junto a organizaciones sociales y prestadores de servicios, presentaron una denuncia penal contra el presidente Javier Milei por presunto abandono de persona, incumplimiento de deberes de funcionario público y abuso de autoridad. La acción judicial, impulsada por el abogado Javier Garín, también alcanza al ministro de Salud Mario Lugones y a funcionarios del área de discapacidad, en el marco de los recortes en pensiones y prestaciones.
La causa fue radicada en un juzgado federal y sostiene que, desde el inicio de la gestión libertaria, se implementó un ajuste sistemático que afectó el acceso a tratamientos, medicamentos y cobertura sanitaria. Según la presentación, estas políticas habrían derivado en deudas con prestadores, interrupción de servicios y una creciente crisis en el sector, agravada por la eliminación de programas y la falta de cumplimiento de normativas vigentes.
En paralelo, el Gobierno impulsa una reforma del sistema de pensiones por invalidez que exige nuevos requisitos y controles, lo que generó rechazo entre organizaciones que advierten un mayor deterioro de las condiciones de vida del colectivo. Referentes del sector anticiparon movilizaciones y denunciaron que las medidas podrían profundizar la exclusión, en un contexto de creciente judicialización del conflicto.
