La Justicia federal dictó una medida cautelar que frena la eliminación del programa “Volver al Trabajo”, una decisión impulsada por el Gobierno de Javier Milei a través del Ministerio de Capital Humano. El fallo obliga al Estado a restituir el beneficio de $78.000 que percibían cerca de 900 mil trabajadores informales, al considerar que su interrupción implicó un “corte abrupto” sin alternativas efectivas para los sectores más vulnerables.
La resolución fue firmada por el juez federal Adrián González Charvay, quien cuestionó la falta de medidas compensatorias por parte de la cartera conducida por Sandra Pettovello. Según el magistrado, los vouchers educativos propuestos no resultan equivalentes al ingreso suspendido, y advirtió que la eliminación del programa podría agravar la situación socioeconómica de los beneficiarios.
Además, ordenó al Ejecutivo cumplir con la restitución en un plazo de tres días bajo apercibimiento de sanciones.
La medida judicial se da en medio de protestas encabezadas por organizaciones sociales como la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, que denunciaron el impacto del ajuste sobre los sectores populares.
El amparo colectivo fue presentado por beneficiarios del programa, quienes sostuvieron que su eliminación constituye una política regresiva e inconstitucional, al afectar directamente a trabajadores de la economía popular que dependen de ese ingreso para subsistir.
