El Gobierno fracasó en su tercer intento por modificar la Ley de Tierras Rurales. La norma había sido sancionada en 2011 para limitar la venta de tierras a capitales extranjeros y resguardar la integridad territorial. La reivindicación de la soberanía sobre las Islas Malvinas que hicieron los jugadores de la Selección tras la victoria frente a Inglaterra terminó de inclinar la balanza entre los senadores que dudaban si acompañar o no la iniciativa oficialista. El peronismo trabajó para dejar al Gobierno sin los votos necesarios en los artículos que favorecían la extranjerización del territorio nacional y Patricia Bullrich optó por postergar la discusión, que pasó a un cuarto intermedio hasta el próximo 6 de agosto. Envalentonada por conseguir la media sanción del proyecto, la jefa del bloque libertario acordó con los aliados modificaciones que no fueron convalidadas por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y las negociaciones terminaron empantanadas. Las casi tres horas de sesión sí alcanzaron para aprobar una serie de pliegos judiciales, entre ellos el del camarista Víctor Pesino, el juez que dejó sin efecto la medida cautelar impulsada por la CGT que paralizó la reforma laboral del Gobierno. Favor con favor se paga.
El desembarco de Patricia Bullrich le dio al bloque libertario una pátina de experiencia para esconder con mayor elegancia las derrotas parlamentarias. A diferencia del verano de 2024, cuando el oficialismo retiró la Ley Bases del recinto en medio de una sesión que se encaminaba al fracaso, esta vez la exministra pidió un cuarto intermedio para devolver el dictamen de Inviolabilidad de la Propiedad Privada a comisiones y evitar la media sanción de una ley deshilachada que no le sirviera al Gobierno y pagar el costo político del fracaso. Fue la tercera vez que el intento naufraga. La primera, por falta de apoyos; la segunda, por la simultaneidad con el escándalo Adorni; y la tercera, por la ausencia de dos senadores, a lo que se sumó la rosca del peronismo, que logró convencer a la senadora Alejandra Vigo y a Camau Espínola para inclinar la balanza.
Según pudo reconstruir este diario, Bullrich avanzó con la sesión aun sabiendo que los apoyos eran muy ajustados. La última versión del dictamen, que sufrió 15 modificaciones, circuló el miércoles previo al partido de la Selección y dotaba a las provincias de mayor autonomía para avalar o rechazar la venta de tierras. Una suerte de régimen de habilitación para la venta de tierras rurales a extranjeros que pidió incorporar la salteña Flavia Royón y una parte del radicalismo. Si bien el oficialismo dejó trascender que los cambios no fueron convalidados por Federico Sturzenegger, se combinaron otros factores. “El clima no ayudó a los que tenían pensado votar a favor y mucho menos a los que tenían dudas. El día después de ver a los jugadores con la bandera de Malvinas, ver a senadores votando a favor de la entrega del territorio era muy fuerte”, explicaron desde el interbloque que lidera José Mayans.
Del paquete de medidas que elimina las restricciones para que empresarios extranjeros puedan comprar tierras rurales sin límites, habilita los desalojos exprés y desmantela las protecciones sobre las tierras arrasadas por el fuego, lo que más le interesaba al oficialismo era la venta del territorio nacional al capital extranjero. El bloque peronista trabajó especialmente para hacer caer los apoyos sobre ese punto.
Semanas atrás, el senador Eduardo “Wado” de Pedro organizó una jornada para analizar los riesgos y el impacto del proyecto de ley del Gobierno sobre la soberanía nacional y los recursos estratégicos. Ese día expusieron científicos, académicos, sindicalistas, militares, excombatientes y referentes de la Iglesia. “El objetivo fue darle volumen político a una discusión que el Gobierno quiso hacer pasar debajo del radar”, dijeron cerca del senador.
Ese día, Ernesto Alonso, excombatiente de Malvinas y secretario de Derechos Humanos del CECIM La Plata, denunció que “está en riesgo la gobernanza del territorio” y la existencia de “un plan sistemático de entrega de la soberanía nacional”. El CECIM judicializó el primer intento del Gobierno de extranjerizar la tierra escondido en el mega DNU 70/23, todavía vigente. En marzo de 2024, la Cámara Federal de La Plata declaró inconstitucional la derogación de la Ley de Tierras Rurales vía DNU y elevó el caso a la Corte Suprema. La ley quedó vigente hasta que el máximo tribunal resuelva su destino. O hasta que el Gobierno apruebe la nueva normativa.
Durante las cuestiones de privilegio, el senador José Mayans aseguró que “nadie le entrega tanto el país a la embajada norteamericana como el gobierno libertario”. En efecto, la ley que el Gobierno pretendía aprobar este jueves busca eliminar los límites precisamente en los territorios donde la tierra adquiere valor estratégico. Por ejemplo, en departamentos donde la extranjerización ya supera el 40 o el 50 por ciento, como las zonas cordilleranas, donde se concentran recursos estratégicos como el litio, el petróleo, los minerales críticos y los pasos bioceánicos. Además de la eliminación del porcentaje por nacionalidad previsto en la ley vigente, un artículo hecho a medida de los Estados Unidos, principal país de origen de los capitales extranjeros que poseen tierras rurales en la Argentina.
Bullrich logró el quórum con el apoyo del oficialismo, el PRO y las bancadas de Neuquén, Salta y Misiones. Pero se quedó a mitad de camino para avanzar con la aprobación del paquete. “Es tan invotable que hace meses están trabados entre 33 y 34 votos”, dijeron desde el peronismo a este diario. “En el punto tres del temario, referido al proyecto de propiedad privada, vamos a pedir un cuarto intermedio para el 6 de agosto”, anunció Bullrich una vez aprobados los pliegos judiciales. La moción fue aprobada por 62 votos. Luego admitió que aún le faltaban votos.
En el interbloque Popular se mostraron satisfechos por haber frenado la media sanción de la ley, aunque fueron cautelosos. Creen que el Gobierno “abrirá la billetera o aceptará los cambios” que proponen los aliados para avanzar con la aprobación.
Detrás del discurso sobre la defensa irrestricta de la propiedad privada, el Gobierno impulsa una redefinición del régimen de la tierra que facilita el ingreso del capital extranjero sobre activos estratégicos. La discusión excede el derecho de propiedad y atenta contra la soberanía.
La Ley de Tierras Rurales que el Gobierno quiere modificar se sancionó en 2011, en medio de un debate global por el avance de los grandes capitales sobre territorios ricos en recursos naturales. Tras la crisis de 2008, la tierra se convirtió en un activo estratégico y países como la Argentina comenzaron a discutir hasta dónde debía permitirse que quedara en manos extranjeras. Uno de los antecedentes que impulsó la norma tuvo lugar en La Rioja. El senador riojano Fernando Rejal lo recordó durante la exposición del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, ante el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General.
En 2008, el Banco Nación remató el paraje Valle Hermoso y unas 200 mil hectáreas quedaron en manos del rabino estadounidense Yosef Jaime Libersohn. La venta no era solo de campos: también incluía un pueblo con sus habitantes, escuelas, una iglesia y una de las reservas de agua dulce más importantes de la provincia. Tres años después, ese tipo de operaciones terminó siendo uno de los argumentos para sancionar la Ley de Tierras que hoy el gobierno busca dejar en el olvido.
