El proyecto de reforma laboral impulsado por el presidente Javier Milei vuelve a encender el debate político y social. Desde distintos sectores advierten que la iniciativa favorece de manera directa a los empresarios, mientras profundiza el ajuste sobre trabajadores, jubilados, personas con discapacidad, docentes y científicos, en un contexto marcado por la restricción del gasto público.
Según estimaciones difundidas, la reforma implicaría que el Estado deje de recaudar cerca de un punto del Producto Bruto Interno, principalmente a partir de la reducción de las contribuciones patronales. La medida contrasta con el discurso oficial que justifica los recortes en áreas sensibles bajo el argumento de no comprometer el equilibrio fiscal.
En paralelo, el proyecto prevé la creación del Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones, que contempla beneficios fiscales como la devolución anticipada del IVA y la posibilidad de aplicar amortización acelerada en el Impuesto a las Ganancias. Para los críticos, estas disposiciones consolidan un modelo que prioriza al sector empresarial, trasladando el costo del ajuste al conjunto de los trabajadores.
