El Gobierno nacional autorizó a las Fuerzas Armadas a detener civiles durante los patrullajes en la frontera norte, en el marco del denominado “Operativo Roca”. La resolución reservada 347, firmada por el ministro de Defensa, Luis Petri, también permite a los militares portar armas cargadas ante eventuales situaciones de peligro. La medida apunta a reforzar la vigilancia en zonas sensibles como Salta y Jujuy, pero abre un polémico debate sobre el rol de los militares en tareas de seguridad interna.
Si bien Petri justificó la iniciativa amparándose en el Código Procesal Penal de la Nación, expertos y ex ministros de Defensa como Horacio Jaunarena y Ricardo López Murphy alertaron que podría violar la Ley de Seguridad Interior, que prohíbe expresamente la intervención militar en asuntos de seguridad pública. Las nuevas reglas de actuación, que supuestamente restringen el uso de la fuerza a casos de legítima defensa, no logran disipar las dudas sobre posibles excesos y arbitrariedades en el accionar de las tropas.
La falta de un marco legal claro para esta operación genera preocupación tanto en sectores de la oposición como dentro de las propias Fuerzas Armadas, donde temen consecuencias judiciales por accidentes o interpretaciones erróneas durante los patrullajes. A pesar de los protocolos de gradualidad y las prohibiciones explícitas sobre disparos a sospechosos en fuga, el riesgo de militarizar la seguridad interior vuelve a instalar un tema sensible en la agenda democrática.
POLÉMICA: MILITARES PODRÁN DETENER CIVILES EN LA FRONTERA
