La República Argentina generó un fuerte impacto internacional tras votar en contra de una resolución de la Asamblea General de la ONU destinada a prevenir y erradicar la tortura. La decisión, enmarcada en el alineamiento diplomático del presidente Javier Milei con Estados Unidos e Israel, rompió con el consenso histórico que solía caracterizar este tipo de iniciativas. La postura fue cuestionada por diversos sectores políticos y organismos de derechos humanos.
La senadora Juliana Di Tullio advirtió que el Gobierno “rompió el pacto democrático construido desde 1983”, mientras que el exembajador Roberto Carlés lamentó que la resolución —habitualmente aprobada por consenso— debiera someterse a votación por primera vez en años, con Argentina entre los tres países que se opusieron. El pronunciamiento se produjo días después de la presentación del subsecretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, ante el Comité Contra la Tortura, donde cuestionó a los organismos y relativizó los crímenes de la última dictadura.
A esto se sumó la defensa de funcionarios del Ministerio de Seguridad del protocolo antipiquetes aplicado desde diciembre de 2023, incluso en operativos que involucraron a periodistas, jubilados, personas con discapacidad y menores de edad. El voto negativo de Argentina profundiza así el debate sobre el rumbo de la política de derechos humanos y su impacto en la posición internacional del país.
