La Argentina atraviesa una de las crisis laborales más profundas de su historia reciente, con un impacto particularmente severo en las provincias. Según un relevamiento del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), entre 2024 y 2025 se registraron 629 conflictos laborales, el cierre de casi 20.000 empresas y la pérdida de más de 276.000 puestos de trabajo registrados, un escenario que refleja el efecto directo del ajuste, la apertura de importaciones y el retiro del Estado impulsados por el gobierno de Javier Milei.
Lejos de tratarse de un fenómeno coyuntural, el deterioro atraviesa a la industria, el comercio, los servicios y la construcción. La caída del consumo interno, la paralización de la obra pública y la falta de políticas de protección al empleo configuraron un modelo que no generó nuevas oportunidades laborales y profundizó la exclusión social, especialmente en las economías regionales más frágiles.
En ese contexto, La Rioja aparece como una de las provincias más castigadas del norte argentino, con 52 conflictos laborales registrados. El informe del CEPA advierte cierres, despidos y suspensiones en sectores clave como el textil y la manufactura, afectando a empresas históricas y cooperativas locales. Solo en lo que va de 2025, más de 170 trabajadores industriales perdieron su empleo, en un proceso marcado por la caída de ventas, el aumento de costos y la competencia desigual con productos importados.
Frente al derrumbe del empleo privado, el trabajo público se mantiene como el principal dique de contención social.
Salud, educación, seguridad y administración sostienen ingresos y consumo en un contexto de recesión profunda. La situación de La Rioja expone así el costo real del modelo económico vigente: un entramado productivo en retroceso, un mercado laboral devastado y un Estado que, aun con límites, sigue siendo el último sostén frente a una crisis con responsables y consecuencias concretas.
