La Rioja estableció por ley la suspensión durante 180 días de las ejecuciones prendarias, una medida impulsada a partir de una iniciativa del gobernador Ricardo Quintela y promovida en la Legislatura por la diputada provincial Lourdes Ortiz. El objetivo es brindar un plazo de seis meses para que las personas endeudadas puedan negociar con sus acreedores.
Ortiz explicó que la norma no elimina ni modifica las deudas existentes, sino que suspende temporalmente las ejecuciones sobre los bienes afectados como garantía. De esta manera, se busca evitar la pérdida inmediata de esos bienes y generar un espacio para reorganizar los compromisos y construir capacidad de pago.
La legisladora sostuvo que el endeudamiento familiar alcanzó niveles preocupantes y señaló que muchas personas recurren al crédito para afrontar necesidades básicas y gastos cotidianos. En ese contexto, destacó la necesidad de generar herramientas que permitan compatibilizar los derechos de deudores y acreedores.
La medida establece así una pausa de 180 días para facilitar acuerdos y alternativas de cumplimiento. Según Ortiz, el propósito es que durante ese período “el acreedor pueda cobrar y el deudor pueda pagar”, evitando que las dificultades económicas deriven de manera inmediata en la pérdida de bienes esenciales.
