La Rioja continúa sin recibir un solo peso en concepto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) desde la llegada de Javier Milei al Gobierno, mientras Nación distribuye $12.500 millones de manera discrecional entre Misiones, Entre Ríos, Santa Fe y Chaco. A esta exclusión se suma una deuda histórica que supera los 1000 millones de dólares por coparticipación y partidas extracoparticipables, lo que limita la capacidad provincial para garantizar servicios esenciales.
El desfinanciamiento impacta de manera directa en áreas clave como educación, salud, seguridad, infraestructura y programas de vivienda. Fondos que podrían haberse destinado a refaccionar escuelas, adquirir equipamiento hospitalario, mejorar rutas o sostener políticas sociales, hoy están ausentes. “Cada obra no iniciada y cada recurso no aplicado reflejan una deuda concreta con los riojanos”, advierten desde el Ejecutivo provincial.
El veto presidencial a la ley que buscaba convertir los ATN en un mecanismo automático profundizó la discrecionalidad en el reparto. Mientras algunas provincias reciben giros extraordinarios, La Rioja quedó nuevamente excluida, lo que alimenta la sospecha de un uso político de los recursos federales. La asignación selectiva evidencia, según la Provincia, una correlación entre afinidad política y distribución de fondos.
Pese a la falta de recursos nacionales, el Gobierno riojano sostiene con esfuerzo sus políticas sociales, reasignando partidas y buscando soluciones locales para mitigar el impacto. Sin embargo, la posición es firme: no se trata de pedir favores, sino de exigir lo que corresponde por derecho. La Rioja reclama con insistencia la restitución de fondos que considera indispensables para garantizar derechos básicos y sostener la vida cotidiana de sus habitantes.
