El sistema fiscal argentino vuelve a quedar en el centro del debate tras evidenciarse una creciente concentración de recursos en manos del Estado nacional. En La Rioja, el precio de un litro de nafta Súper alcanza los $1.886, de los cuales $581 corresponden a impuestos nacionales. Este dato refleja que una parte significativa del dinero que aportan los ciudadanos no permanece en la provincia, sino que es transferida directamente a la Nación, reavivando la discusión sobre quién genera la riqueza y cómo se distribuye.
A este escenario se suma la caída sostenida de la coparticipación en términos reales, que durante el último año registró desplomes superiores al 15% en algunos períodos. En lo que va de 2026, la tendencia no solo continúa sino que se profundiza: en febrero las provincias sufrieron una baja real cercana al 10% en los fondos coparticipables, mientras que en el primer bimestre la pérdida acumulada ronda cifras millonarias. Esto ocurre incluso en un contexto donde la recaudación nacional se mantiene, lo que evidencia una menor proporción de recursos redistribuidos.
En el caso de La Rioja, la situación es aún más crítica debido al incumplimiento en el envío de fondos compensatorios previstos para equilibrar su estructura fiscal. La provincia enfrenta así una doble desventaja: menos recursos automáticos y la ausencia de transferencias adicionales que históricamente contribuían a sostener sus finanzas. En este marco, el esquema actual pone en tensión el federalismo y expone una creciente dependencia de decisiones del Gobierno nacional, en un contexto donde los recursos se generan en las provincias pero su retorno es cada vez menor.
