El DNU que habilita al Gobierno a refinanciar la deuda aunque empeore las condiciones de pago fue la gota que rebalsó el vaso. Después del blindaje al veto de la ley que aumentaba las jubilaciones, la oposición buscaba venganza. Y la decisión de Javier Milei de autoadjudicarse, vía DNU, la posibilidad de emitir nueva deuda sin necesidad de pasar por el Congreso terminó alineando a peronistas, pichettistas y radicales en una nueva batalla contra el oficialismo: el rechazo al DNU 846. Es un amigable sucedáneo del rechazo al mega DNU 70, para el cual todavía no están los votos, pero también el inicio de un debate más amplio. Y es que la UCR y Encuentro Federal sostienen que llegó el momento de discutir el problema de fondo, que es la ley de DNUs. El objetivo, a partir de ahora, será modificar y limitar la ley, dejando, así, al gobierno libertario sin una de sus principales herramientas.
La noticia, al principio, pasó desapercibida, pero después terminó implosionando dentro de todos los partidos de la oposición: el gobierno nacional había publicado, el lunes a la mañana, un DNU en el que volvía a insistir en la posibilidad de renegociar la deuda externa sin necesidad de pasar por el Congreso y, como yapa, sin necesidad de mejorar las condiciones de monto, tasa o plazo de pago. El gobierno ya lo había intentado hacer en la Ley Bases, pero la oposición le terminó vetando el artículo. Y después volvió a intentarlo presentándolo como un artículo del Presupuesto 2025. No esperó, sin embargo, a que arrancara el debate: prefirió acortar camino y mandarlo como un DNU.
El primero en reaccionar fue el peronismo, con metralleta tuitera de Cristina Fernández de Kirchner incluida. El titular de la bancada de Unión por la Patria, Germán Martínez, salió a advertir que el Congreso tenía que rechazar el DNU 846 «como rechazamos los gastos reservados de la SIDE». Y, el martes por la tarde, después de una reunión de bloque, los diputados terminaron definiendo una estrategia: se esperaría a que el Ejecutivo enviase el DNU al Congreso y se presionaría para darle tratamiento inmediato en la Bicameral. Y, el 21 de octubre, cuando se cumpliese el plazo obligatorio para que la Bicameral tratase el decreto, se llevaría la pelea al recinto.
UxP no jugaba solo. Un par de días antes, el bloque peronista había tenido contactos con algunas de las espadas de Encuentro Federal, que preside Miguel Ángel Pichetto. Martínez les consultó si estaban para voltear el DNU 70 – que eliminó la ley de Alquileres, la de Tierras, entre otras -, y del otro lado le respondieron que habían demasiadas resistencias internas y que el número, de momento, no estaba. Nicolás Massot y los socialistas Esteban Paulón y Mónica Fein lo venían impulsando, pero Pichetto no quería saber nada (se sospechaba, además, que tendría poco acompañamiento de quienes responden a los gobernadores de Córdoba y Entre Ríos). Bloqueada la posibilidad del rechazo al DNU 70, un dirigente de EF deslizó, al pasar, una segunda opción: la modificación de la ley 26.122, que es la que regula los DNU.
