El Gobierno remitió este viernes al Congreso los dos proyectos de ley para modificar la Ley de Salud Mental y contra el Fraude de Pensiones por Invalidez.
Desde el Ministerio de Salud de la Nación indicaron que el proyecto busca “actualizar el marco normativo del sistema con el objetivo de mejorar la capacidad de respuesta del sistema sanitario” y “proteger a pacientes y terceros frente a situaciones que hoy no encuentran adecuado encuadre”.
En esa línea, explicaron que el objetivo es “superar las limitaciones actuales para el abordaje de casos de riesgo y emergencia, clarificando conceptos y criterios y adaptándolos a las necesidades asistenciales de cada jurisdicción”. El relevamiento previo incluyó aportes de familiares, pacientes, profesionales de salud mental y actores judiciales y legislativos, donde “se detectaron dificultades concretas en la práctica diaria”.
Según señalaron fuentes oficiales, uno de los principales problemas identificados es la falta de aplicación uniforme de la legislación vigente: solo 16 jurisdicciones adhirieron formalmente a la ley, 18 provincias cuentan con hospitales generales con servicios de salud mental y 20 disponen de camas de internación.
Entre las modificaciones, el Ejecutivo planteó reforzar el rol de los profesionales médicos en el abordaje de estas problemáticas. En ese sentido, sostuvo que se busca “dar un rol central a la mirada técnica-médica a la prevención y abordaje de la salud mental y al tratamiento de adicciones, al darle mayor relevancia a los especialistas médicos formados en psiquiatría”.
El segundo proyecto enviado al Congreso se centró en las pensiones no contributivas por invalidez. En el mensaje, el Ejecutivo sostuvo que entre 2003 y 2023 estos beneficios pasaron de 76.000 a aproximadamente 1.200.000. En ese marco, afirmó que “la magnitud de la situación descripta ha generado una inevitable sospecha sobre las condiciones en que dichos beneficios fueron otorgados”.
El texto agregó que investigaciones y auditorías detectaron “una gran cantidad de pensiones otorgadas sin cumplir con los requisitos legales” y mencionó “domicilios inexistentes” y casos en los que “no se verifican los requisitos legales y médicos exigidos”.
Según el Gobierno, esta situación “genera un injustificable dispendio de los recursos del Estado nacional” y afecta “la correcta asignación de los recursos”.
Entre los cambios, se incluyó la implementación de auditorías periódicas, el cruce de datos con distintos organismos públicos y la posibilidad de suspender beneficios ante incumplimientos. También se estableció un proceso de reempadronamiento obligatorio para actualizar la información de los titulares.
El proyecto definió que la pensión por invalidez consistirá en “el pago de una prestación mensual equivalente al setenta por ciento (70 %) del haber mínimo jubilatorio” y fijó incompatibilidades con el empleo formal.
