El Gobierno nacional de Javier Milei resolvió dar de baja el apoyo económico que recibía Abuelas de Plaza de Mayo, una decisión confirmada por el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, que generó un fuerte rechazo en distintos sectores sociales y políticos. La medida afecta de manera directa el funcionamiento de programas históricos de la organización, incluso aquellos vinculados a ciencia, tecnología e identidad.
La suspensión de los aportes se inscribe en una política de ajuste que, bajo el discurso de la “motosierra”, golpea a instituciones emblemáticas de la memoria, la verdad y la justicia. Desde Abuelas advirtieron que el recorte no es solo presupuestario, sino también simbólico, ya que implica un retroceso en el compromiso del Estado nacional con la búsqueda de los nietos y nietas apropiados durante la última dictadura.
En contraste con la postura del Ejecutivo nacional, la Provincia de Buenos Aires decidió sostener la asistencia financiera a la ONG. La gestión de Axel Kicillof realizó desembolsos recientes, entre ellos un aporte de 110 millones de pesos para proyectos en desarrollo, marcando una clara diferencia política frente a un gobierno nacional que prioriza el ajuste incluso sobre organismos reconocidos a nivel mundial por su labor en derechos humanos.
