Entre noviembre de 2023 y agosto de 2025, el Estado nacional perdió más de 57 mil trabajadores. El gobierno de Javier Milei lleva adelante uno de los recortes más drásticos desde la recuperación democrática, bajo el argumento de la austeridad y la eficiencia. El ajuste impacta en ministerios, organismos descentralizados y empresas públicas, afectando áreas estratégicas y dejando miles de familias sin sustento.
Según el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), esta reducción del 16,8% en la dotación estatal significa una pérdida de capacidades fundamentales. Correo Argentino, Operadora Ferroviaria, Banco Nación, Aerolíneas Argentinas y organismos técnicos como CONICET e INTI encabezan la lista de despidos, comprometiendo servicios esenciales, investigación y desarrollo productivo.
En el interior del país, algunas provincias optaron por un camino distinto. La Rioja, bajo la gestión de Ricardo Quintela, decidió no despedir a ningún trabajador pese a la caída de transferencias nacionales y la deuda de más de 1.200 millones de dólares que mantiene el gobierno central. Allí se sostiene que cada empleo público representa un hogar, un ingreso y un circuito económico que no puede romperse sin consecuencias sociales.
El contraste es claro: mientras la Nación celebra el achique como símbolo de libertad y eficiencia, La Rioja defiende la estabilidad laboral como política de inclusión. Dos visiones opuestas del Estado y del país: una que ajusta para recortar, y otra que protege para construir comunidad.
