En línea con la Cosa Rosada, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, profundiza medidas para continuar con el plan de ajuste. Además, estableció controles más estrictos para el personal legislativo.
El titular del Cuerpo ratificó la jornada laboral de siete horas diarias -treinta y cinco horas semanales-, con excepción de aquellas áreas que, por la naturaleza de sus funciones, deban prestar servicios en turnos extraordinarios, como es el caso del personal de seguridad.
A su vez, estableció que el cumplimiento de esa jornada laboral podrá distribuirse en un rango mínimo de cuatro horas diarias y un máximo de nueve, siempre que se completen las 35 horas semanales, salvo en aquellas tareas estrictamente relacionadas con la labor parlamentaria o en dependencias cuya naturaleza del servicio exija una jornada laboral excepcional. Por ejemplo, el día de sesión ordinaria o especial.
Además, Menem dispuso un control más estricto para el personal de la casa. Todo el personal debe fichar su ingreso a la Cámara de Diputados, prohibiendo registrar un egreso inmediato al primer ingreso del agente, sin que éste permanezca en su lugar de trabajo por un período igual o superior al mínimo establecido de cuatro horas. Ordenó que la infracción será considerada como “inasistencia injustificada” y dará lugar a la aplicación de las sanciones contempladas en la Ley 24.600.
En el marco del control del presentismo de personal legislativo, el libertario estableció que las franquicias por comisión de trabajo por razones de servicio deberán ser solicitadas a través de una nota dirigida a la dirección de Recursos Humanos de la Cámara, por el responsable de la dependencia o del bloque político. Esta comisión no podrá exceder los dos días por mes y por persona.
Finalmente, dispuso que el incumplimiento de lo establecido en el presente dispositivo podrá configurarse como “Incumplimiento de horario” o “Inasistencias injustificadas”, de conformidad con las disposiciones previstas en la aplicación del procedimiento disciplinar correspondiente. El Estatuto del personal del Congreso establece la aplicación de sanciones disciplinarias que respeten las reglas de causalidad, proporcionalidad, oportunidad y no duplicación de sanciones. Los sumarios administrativos no podrán ser secretos para las partes involucradas.
