La diputada provincial Lourdes Ortiz presentó un proyecto de ley que busca impedir que personas condenadas por delitos cometidos contra niñas, niños y adolescentes puedan desempeñarse en funciones relacionadas con su cuidado, protección, educación o acompañamiento. La iniciativa apunta a reforzar las garantías de seguridad y resguardo de los derechos de la infancia en el ámbito estatal.
La propuesta establece la incompatibilidad para que el Estado provincial designe, contrate o asigne responsabilidades a personas condenadas por delitos contra la integridad sexual de menores, corrupción de menores u otros delitos dolosos cometidos en perjuicio de niñas, niños y adolescentes. El alcance de la medida se centra especialmente en cargos y funciones que impliquen contacto directo o responsabilidad sobre menores de edad.
Según fundamentó la legisladora, el objetivo es fortalecer los mecanismos de prevención y protección integral, asegurando que quienes trabajen en áreas vinculadas a la niñez cumplan con los más altos estándares de idoneidad y confianza. El proyecto se enmarca en las políticas de promoción y defensa de los derechos de la infancia, reafirmando el compromiso del Estado con la creación de entornos seguros para el desarrollo y bienestar de niñas, niños y adolescentes.
