El gobierno de Javier Milei ha cruzado un límite inaceptable al publicar un documento oficial en el que clasifica a personas con discapacidad como “idiotas”, “imbéciles” y “débiles mentales”. Este ataque directo y violento desde el Estado institucionaliza la discriminación, pisoteando los derechos humanos y desacreditando décadas de lucha por la inclusión.
Bajo la excusa de reglamentar el acceso a pensiones no contributivas, la administración libertaria impone una categorización medieval que no solo insulta, sino que también deja a miles de personas en una situación de extrema vulnerabilidad. Según el texto, solo aquellos con una discapacidad profunda podrán acceder a una pensión, mientras que quienes padecen condiciones moderadas deberán demostrar que nunca trabajaron, como si su dignidad dependiera de una absurda clasificación burocrática.
El descaro no termina ahí. Esta humillación pública se da en un contexto donde Milei desmantela el Estado, avanza en la entrega del país a multinacionales con el RIGI y sella un nuevo acuerdo con el FMI que hipotecará el futuro de los argentinos. Mientras tanto, el discurso oficial promueve el odio y la exclusión, reduciendo a los más vulnerables a una mera estadística de descarte.
No se trata de un error ni de un descuido. Es una decisión deliberada de un gobierno que desprecia a quienes más protección necesitan. Milei ha convertido la violencia en política de Estado, dejando en claro que su proyecto no es de libertad, sino de crueldad.
MILEI CRUZÓ UN LÍMITE: IMPONE UN ESTADO DE ODIO CONTRA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
