La Cámara Contencioso Administrativo Federal rechazó la apelación del gobierno nacional y confirmó la medida cautelar que ordena al Poder Ejecutivo aplicar la Ley de Financiamiento Educativo Universitaria y la recomposición del salario docente.
La resolución establece que la administración pública debe cumplir de manera inmediata con los artículos 5 y 6 de la ley 27.795, que estipulan la actualización de los sueldos de docentes y no docentes de las universidades públicas desde el 1 de diciembre de 2023 hasta la sanción de la ley, prevista para septiembre de 2025. Además, la medida exige la recomposición de todos los programas de becas para estudiantes universitarios.
En sus fundamentos, los jueces Sergio Fernández y Jorge Morán cuestionaron los argumentos del Estado, señalando que los planteos sobre la supuesta conversión de la medida cautelar en una “sentencia definitiva encubierta” resultan poco serios y no justifican modificar la decisión judicial.
