El juez federal Martín Cormick dejó sin efecto la resolución del Ministerio de Seguridad que había establecido el llamado protocolo antipiquetes, el marco de actuación de las fuerzas de seguridad para responder ante manifestaciones sociales y cortes de calles. Esa norma, que se inició en la gestión de Patricia Bullrich y continuó con Alejandra Monteoliva, fue cuestionada por el magistrado por tener “vicios en su conformación legal”, ya que —según su fallo— el Poder Ejecutivo se habría atribuido facultades que la Constitución reserva exclusivamente al Poder Legislativo.
El lunes, el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11 aceptó una acción de amparo y determinó que el protocolo carece de base legal suficiente para seguir vigente. Este es el segundo fallo adverso del juez Cormick contra el Gobierno en pocos días: la semana pasada también ordenó la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario, una normativa que, al igual que la Emergencia en Discapacidad, estaba suspendida pese a haber sido aprobada por el Congreso.
En lo que respecta al propio protocolo antipiquetes, en marzo pasado Cormick ya había rechazado una solicitud para suspenderlo y llegó a asistir personalmente a una marcha de jubilados para supervisar su aplicación concreta en la vía pública. Con esta nueva medida, la vigencia del protocolo queda anulada hasta que se resuelvan los planteos de fondo en la Justicia o se reformule con el respaldo legal correspondiente.
