Guerra judicial, proscripción y también guerra económica. En dos escritos presentados este martes, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner cuestionó el decomiso de bienes que le pertenecieron porque ninguno de ellos sirvió para cometer ningún delito ni fue producto de ningún delito, empezando porque la casi totalidad de esos bienes se compró muchísimo antes de que exista la causa Vialidad o las obras con las que se armó ese expediente. En paralelo, también presentaron un escrito Florencia y Máximo Kirchner señalando, primero, que nunca fueron imputados en nada respecto del caso Vialidad y, segundo, que de los 25 bienes que heredaron, 24 fueron comprados por sus padres antes del supuesto hecho clave del expediente Vialidad, un decreto firmado por Cristina en 2009. La mayoría de los bienes se adquirieron incluso antes que Néstor Kirchner llegara a la Casa Rosada. Pero, además, los letrados de CFK sostuvieron que, de manera discriminatoria, se le aplicó a la expresidenta una actualización que determina un monto 100 veces mayor al que se impuso en otras causas, incluyendo decisiones de los mismos jueces en resoluciones tomadas unos pocos días antes. En los escritos se pide que todo el proceso se detenga, se debate en la Casación Nacional y luego en la Corte Suprema de Justicia. También está previsto un planteo en los organismos internacionales de derechos humanos.
Ningún bien está relacionado con el supuesto delito
Hay un escrito que lleva la firma de la propia CFK. Es el que se centra en que no se pueden decomisar bienes ajenos al delito de la condena. La exmandataria cita el artículo 23 del Código Penal que prevé que “en todos los casos en que recayese condena por delitos previstos en este Código, la misma decidirá el decomiso de las cosas que han servido para cometer el hecho y de las cosas o ganancias que son el producto o el provecho del delito”. En ese terreno, la expresidenta menciona que casi todo se adquirió muchísimo antes que se pusiera en marcha la causa Vialidad o que se produjera el hecho que el Tribunal Oral Federal 2 considera el centro de la responsabilidad de Cristina: el decreto del 54/2009, que permitió que se pagaran obras viales en Santa Cruz y en todo el país con un fideicomiso constituido con fondos provenientes del impuesto al gasoil. Lo insólito es que el decreto si vigente hasta hoy y se pagaron, entonces y ahora, centenares y centenares de obras viales.
Por lo tanto, un punto central es que se apela ese decomiso partiendo del hecho de que no hay vinculación entre los bienes que pretende decomisar el tribunal y el delito penado por el fallo que dejó firma la Corte Suprema. Otra cosa distinta es la reparación civil que tramita en el juzgado Civil y Comercial Federal número 2, por lo cual CFK pide que la cuestión se dirima en esa sede.
En el escrito, Cristina enumera toda la persecución que se llevó y se lleva adelante también desde el punto de vista económico: por ejemplo, las causas por enriquecimiento ilícito, en las que fue sobreseída hasta por el juez que instruyó Vialidad, Julián Ercolini. También hubo una causa por la herencia a Florencia y Máximo, igualmente sobreseída. Y la enumeración continúa. Debe recordarse que a CFK no se le encontró nunca una cuenta en el exterior o sociedades ocultas o bienes no declarados.
