La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, solicitó a la Justicia Federal allanar los domicilios de los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico tras la difusión de audios de la secretaria de la Presidencia, Karina Milei. Según la presentación judicial, realizada por el abogado Fernando Soto, la divulgación constituye un hecho de “gravedad inusitada” al tratarse de grabaciones privadas.
En paralelo, el juez Patricio Maraniello ordenó prohibir la reproducción de los audios en cualquier medio de comunicación o red social. El magistrado fundamentó la medida en la denuncia del Gobierno nacional, que calificó la situación como una “operación de inteligencia ilegal” contra la hermana del presidente Javier Milei.
El portavoz presidencial, Manuel Adorni, sostuvo que la maniobra buscó “desestabilizar al país en plena campaña electoral” y denunció que las conversaciones fueron “manipuladas y difundidas para condicionar al Poder Ejecutivo”. La causa quedó en manos del juez federal Ariel Lijo y del fiscal Carlos Stornelli, bajo la órbita de la Ley de Inteligencia Nacional.
