LA FUNCIÓN EJECUTIVA ENVIÓ A LA LEGISLATURA PROVINCIAL EL PROYECTO DE LEY DE ADHESIÓN A LA LEY NACIONAL DE CUPO LABORAL TRAVESTI TRANS

La iniciativa fue presentada este lunes por mesa de entrada del Proyecto de Ley de adhesión a la Ley Nacional N° 27.636 de Promoción del Acceso al Empleo Formal para Personas Travestis, Transexuales y Transgénero “Diana Sacayán – Lohana Berkins”. La adhesión a la norma nacional fue enviada por el gobernador de la Provincia Ricardo Quintela y presentada por la secretaria de la Mujer y Diversidad Karen Navarro junto a la secretaria de Empleo Beatriz Tello como un aporte más que se suma a los ya existentes, para debatir en los espacios pertinentes sobre la inclusión laboral, la igualdad y la no discriminación.

La autoridad de aplicación según el proyecto es el Ministerio de Trabajo Empleo e Industria a través de la Secretaría de Empleo y el Ministerio de Turismo y Culturas a través de la Secretaría de la Mujer y la Diversidad.

Por medio de esta norma que será debatida en comisión, el Estado Provincial en sus tres funciones: Ejecutiva, Legislativa y Judicial, sus organismos descentralizados y las empresas del Estado, estarán obligados a ocupar personas travestis, transexuales y transgénero, que reúnan condiciones de idoneidad para el cargo, en una proporción no menor al uno por ciento de la totalidad de su personal, y a establecer reservas de puestos de trabajo a ser ocupados exclusivamente por ellas.

El proyecto de Ley incluye además la creación de la Unidad de Coordinación Interministerial, como así también la creación del Registro de Anotación Voluntaria de Personas Trans aspirantes a trabajar en el ámbito provincial. Este registro estará a cargo de la Secretaría de la Mujer y la Diversidad. Para ello, se adoptarán medidas técnicas y organizativas que sean necesarias para garantizar la seguridad y confidencialidad de los datos personales y su giro concurrente a la autoridad de aplicación de la Ley. En el Registro, estarán los perfiles laborales de las personas inscriptas y la Institución, además, efectuará el seguimiento de la cantidad de cargos cubiertos con personas travestis, transexuales y transgénero, los cargos totales de la planta permanente y el total de contratos existentes en el ámbito de la Provincia de La Rioja. La adhesión a la Norma también prohíbe la solicitud, averiguación y el registro de situación y antecedentes contravencionales de las personas aspirantes a un puesto laboral tanto en el sector público como en el privado.

La Ley viene a responder a una demanda del colectivo LGBTIQ+, impulsada históricamente por diferentes organizaciones de la Sociedad Civil, buscando el acceso al empleo formal, derecho históricamente vulnerado.

Sobre esto, la secretaria Karen Navarro expresó que “es importante destacar a quienes han llevado adelante una militancia en pos de mejorar la calidad de vida de la comunidad travesti/trans. Hoy nos acompañaron personas LGBTIQ+, organizaciones sociales y militantes que llevaron años buscando que este proyecto sea una realidad”. En ese sentido, comentó que queda un arduo trabajo en materia de políticas públicas, en las empresas del Estado, mesas de articulación interministeriales y la concreción de estas políticas vuelve necesario crear ambientes laborales libres de violencias y discriminaciones que alojen a las personas.

La subsecretaria de Planificación y Gestión Analía Yoma, destacó el reconocimiento a la lucha a través de la decisión política, haciendo énfasis en la importancia de generar los canales institucionales para que la iniciativa se debata en la Cámara de Diputados y Diputadas, como así también contar con la reglamentación pertinente de esta norma.

Existe en nuestra sociedad un patrón sistemático de desigualdad que somete particularmente a las personas del colectivo LGBTIQ+ a una cadena de exclusiones y discriminación que muchas veces se inicia en la niñez. El Estado tiene la obligación de generar las condiciones para el ejercicio pleno de sus derechos y la igualdad de oportunidades garantizando un piso mínimo de empleos para la población que subsane una cadena histórica de exclusiones de la Comunidad.

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